Comunitarios piden evaluar los daños causados al río Camú

LA VEGA. La Asociación para el Desarrollo de La Vega solicitó al presidente Leonel Fernández la designación de una comisión interinstitucional para evaluar la magnitud de los daños causados por la canalización del río Camú, realizada por la empresa constructora Transvas S. A. 

El presidente de la Asociación, el empresario Francisco Morilla, sugirió que la comisión esté integrada por el procurador de Medio Ambiente, Leuterio Martínez, el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal y el rector de la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAN), Telésforo González. 

"Nosotros entendemos que antes de reiniciar la canalización o cualquier trabajo en el rio primero hay que hacer los estudios de impacto ambiental", expresó Morilla. 

En ese sentido, el dirigente empresarial manifestó que la canalización del Camú se llevó a cabo sin realizar ningún tipo de estudio ambiental. 

Según algunos ecologistas de La Vega, la extracción de materiales por la referida empresa habría causado graves daños en un tramo de cinco kilómetros de donde fueron extraídas más de 200 mil metros cúbicos de arena y grava. 

Algunas versiones plantean que los materiales extraídos supuestamente han sido vendidos en Tenares, Salcedo, Santiago, y pagados en efectivo. 

La empresa Transvas estaría obligada a destinar una parte de los beneficios obtenidos a unos fondos para la reforestación de la cuenca del río y el mejoramiento de las comunidades circundantes. 

Algunos protestan 

Algunos residentes en las márgenes del río afectadas con las crecidas protestaron por la paralización de los trabajos, el pasado fin de semana. 

A estas personas, la empresa Transvas les habría ofrecido muros de gaviones, aceras y contenes para supuestamente protegerlos de las crecidas repentinas, según el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos del municipio. 

La decisión del Presidente de ordenar la paralización de los trabajos se produjo después de la petición del obispo de la Diócesis de La Vega, monseñor Antonio Camilo, de la Pastoral de Medio Ambiente de la Iglesia Católica y otros sectores de la sociedad civil, para detener los trabajos porque se afectaba el medio ambiente.

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