El
presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se enfrentó este viernes a un
proceso de destitución organizado a toda velocidad por el Congreso, bajo
la acusación de mal desempeño en sus funciones por la muerte de 17
personas en una operación de desalojo de "sin tierras" en una hacienda
del nordeste del país.
En
apenas cinco horas, la Cámara de Diputados promovió por abrumadora
mayoría un "juicio político", el Senado se constituyó en "tribunal" y
fijó un calendario de proceso que concluirá este viernes a las 16.30
hora local (20.30 GMT) con la sentencia a Lugo.
La misma tarde de este jueves, los cinco diputados designados como "fiscales" expusieron sus razones para la destitución del presidente, quien había rehusado dimitir y dicho que se sometería al proceso, contemplado por la Constitución del país, "con todas sus consecuencias".
Los 17 muertos durante un choque armado entre policías y campesinos durante un desalojo en la hacienda de Curuguaty, el pasado día 15, que tiñó de sangre el enquistado conflicto por la tierra en Paraguay, fueron una de las razones esgrimidas por los "fiscales".
También acusaron a Lugo de instigar las ocupaciones de tierras en la región sojera de Ñacunday, en la frontera con Brasil.
Un acto político de sus aliados izquierdistas en una instalación militar en mayo de 2009, la ola de inseguridad en Paraguay y el apoyo a la aprobación del Protocolo de Ushuaia II aprobado por el Mercosur, fueron los otros fundamentos para pedir la destitución del presidente.
La crisis en Paraguay suscitó una inmediata reacción internacional: una delegación de ocho cancilleres de la Unasur, junto a su secretario general, Alí Rodríguez, acudió a Asunción a ver a Lugo por decisión de varios presidentes regionales reunidos en Río de Janeiro con ocasión de la conferencia de desarrollo sostenible de la ONU.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de EE.UU. expresaron su preocupación por lo acaecido en Paraguay, y demandaron transparencia y garantías en el proceso a Lugo, mientras que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) manifestó su rechazo por lo que percibió como una "maniobra de sectores de la derecha" paraguaya.
El presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, los obispos Adalberto Martínez y Edmundo Valenzuela, respectivamente, se reunieron con el mandatario en un intento de lograr su dimisión o, como lo expresó el segundo, su salida "por la puerta amplia honrando todo lo que significa hoy su patriotismo".
"Consideramos que hay un bien mayor, que es la paz (...) y un mal que hay que evitar que es la violencia, el derramamiento de sangre", dijo Valenzuela en una rueda de prensa.
Pero Lugo se mantuvo firme en su decisión de enfrentar el enjuiciamiento y estaba hoy "sereno", preparando su defensa ante lo que "se asimila a un golpe de Estado", dijo a Efe un portavoz presidencial.
También se expresaron líderes campesinos de Paraguay, que anunciaron marchas hacia Asunción en defensa de Lugo, quien congregó a varios cientos de personas en las plazas del Congreso.
En su mensaje a la nación tras la resolución de los diputados, Lugo apostó por "honrar la voluntad de las urnas" y evitar que "una vez más en la Historia de la República, un hecho político robe privilegio y soberanía a la suprema decisión del pueblo".
Rodeado de algunos de sus ministros y jefes militares, Lugo pidió al Legislativo evitar un procedimiento que pueda ser "contrastado por la Historia" cumpliendo con los "trámites y plazos" que le ofrezcan "toda la garantía de una justa y legítima defensa".
Pero Lugo se quedó solo en ambas cámaras, después de que su principal aliado en el Gobierno, el Partido Liberal, le retirara el apoyo ordenando la renuncia de sus cuatro ministros en el Gabinete.
Únicamente una diputada izquierdista votó a favor de Lugo en la cámara baja y tres senadores por una moción que habría concedido un respiro de tres días al presidente para preparar su defensa.
De acuerdo con el reglamento y calendario aprobados por el Senado -cuyo alterado orden del día incluía hoy la implantación del impuesto sobre la renta comprometida en 2005 con el FMI- Lugo (o sus abogados) tendrá que comparecer mañana mismo para exponer su defensa en una sesión extraordinaria a las 12.00 hora local (16.00 GMT).
Seguidamente, a las 14.30 hora local (18.30 GMT) el tribunal resolverá sobre la admisión o rechazo de las pruebas presentadas por las partes, a las 15.30 hora local (19.30 GMT) fiscales y acusado presentarán sus alegatos orales y a las 16.30 hora local (20.30 GMT), los senadores emitirán su sentencia inapelable.
En caso de ser considerado culpable, Lugo será inmediatamente apartado del cargo, que asumirá de forma interina el vicepresidente, el liberal Federico Franco, hasta la celebración de elecciones generales prevista en abril de 2013.
El senador Carlos Filizzola, que perdió la cartera de Interior por los sucesos de la hacienda de Curuguaty el pasado día 15, calificó el proceso de "maniobra política para truncar el mandato" de Lugo organizada "de manera récord" en la historia de Paraguay.
La misma tarde de este jueves, los cinco diputados designados como "fiscales" expusieron sus razones para la destitución del presidente, quien había rehusado dimitir y dicho que se sometería al proceso, contemplado por la Constitución del país, "con todas sus consecuencias".
Los 17 muertos durante un choque armado entre policías y campesinos durante un desalojo en la hacienda de Curuguaty, el pasado día 15, que tiñó de sangre el enquistado conflicto por la tierra en Paraguay, fueron una de las razones esgrimidas por los "fiscales".
También acusaron a Lugo de instigar las ocupaciones de tierras en la región sojera de Ñacunday, en la frontera con Brasil.
Un acto político de sus aliados izquierdistas en una instalación militar en mayo de 2009, la ola de inseguridad en Paraguay y el apoyo a la aprobación del Protocolo de Ushuaia II aprobado por el Mercosur, fueron los otros fundamentos para pedir la destitución del presidente.
La crisis en Paraguay suscitó una inmediata reacción internacional: una delegación de ocho cancilleres de la Unasur, junto a su secretario general, Alí Rodríguez, acudió a Asunción a ver a Lugo por decisión de varios presidentes regionales reunidos en Río de Janeiro con ocasión de la conferencia de desarrollo sostenible de la ONU.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de EE.UU. expresaron su preocupación por lo acaecido en Paraguay, y demandaron transparencia y garantías en el proceso a Lugo, mientras que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) manifestó su rechazo por lo que percibió como una "maniobra de sectores de la derecha" paraguaya.
El presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, los obispos Adalberto Martínez y Edmundo Valenzuela, respectivamente, se reunieron con el mandatario en un intento de lograr su dimisión o, como lo expresó el segundo, su salida "por la puerta amplia honrando todo lo que significa hoy su patriotismo".
"Consideramos que hay un bien mayor, que es la paz (...) y un mal que hay que evitar que es la violencia, el derramamiento de sangre", dijo Valenzuela en una rueda de prensa.
Pero Lugo se mantuvo firme en su decisión de enfrentar el enjuiciamiento y estaba hoy "sereno", preparando su defensa ante lo que "se asimila a un golpe de Estado", dijo a Efe un portavoz presidencial.
También se expresaron líderes campesinos de Paraguay, que anunciaron marchas hacia Asunción en defensa de Lugo, quien congregó a varios cientos de personas en las plazas del Congreso.
En su mensaje a la nación tras la resolución de los diputados, Lugo apostó por "honrar la voluntad de las urnas" y evitar que "una vez más en la Historia de la República, un hecho político robe privilegio y soberanía a la suprema decisión del pueblo".
Rodeado de algunos de sus ministros y jefes militares, Lugo pidió al Legislativo evitar un procedimiento que pueda ser "contrastado por la Historia" cumpliendo con los "trámites y plazos" que le ofrezcan "toda la garantía de una justa y legítima defensa".
Pero Lugo se quedó solo en ambas cámaras, después de que su principal aliado en el Gobierno, el Partido Liberal, le retirara el apoyo ordenando la renuncia de sus cuatro ministros en el Gabinete.
Únicamente una diputada izquierdista votó a favor de Lugo en la cámara baja y tres senadores por una moción que habría concedido un respiro de tres días al presidente para preparar su defensa.
De acuerdo con el reglamento y calendario aprobados por el Senado -cuyo alterado orden del día incluía hoy la implantación del impuesto sobre la renta comprometida en 2005 con el FMI- Lugo (o sus abogados) tendrá que comparecer mañana mismo para exponer su defensa en una sesión extraordinaria a las 12.00 hora local (16.00 GMT).
Seguidamente, a las 14.30 hora local (18.30 GMT) el tribunal resolverá sobre la admisión o rechazo de las pruebas presentadas por las partes, a las 15.30 hora local (19.30 GMT) fiscales y acusado presentarán sus alegatos orales y a las 16.30 hora local (20.30 GMT), los senadores emitirán su sentencia inapelable.
En caso de ser considerado culpable, Lugo será inmediatamente apartado del cargo, que asumirá de forma interina el vicepresidente, el liberal Federico Franco, hasta la celebración de elecciones generales prevista en abril de 2013.
El senador Carlos Filizzola, que perdió la cartera de Interior por los sucesos de la hacienda de Curuguaty el pasado día 15, calificó el proceso de "maniobra política para truncar el mandato" de Lugo organizada "de manera récord" en la historia de Paraguay.
El anterior presidente paraguayo que se
enfrentó a un "juicio político" fue Raúl Cubas Grau, que terminó
renunciando en 1999 durante el violento "marzo paraguayo".
"Se le da el ropaje de una supuesta violencia que se está engendrando (...) No se vayan a crear monstruos y fantasmas que no existen", demandó Filizzola, aludiendo a las sospechas planteadas por otros senadores de que puede desatarse la violencia con las movilizaciones promovidas a favor de Lugo.
En sendos comunicados, las Fuerzas Armadas garantizaron su apego a la Constitución y la Policía garantizó que mantendrá el orden durante las manifestaciones, demandando que éstas se desarrollen pacíficamente.
Y la Asociación Paraguaya de Fútbol resolvió suspender todos los partidos previstos para mañana y el fin de semana.
"Se le da el ropaje de una supuesta violencia que se está engendrando (...) No se vayan a crear monstruos y fantasmas que no existen", demandó Filizzola, aludiendo a las sospechas planteadas por otros senadores de que puede desatarse la violencia con las movilizaciones promovidas a favor de Lugo.
En sendos comunicados, las Fuerzas Armadas garantizaron su apego a la Constitución y la Policía garantizó que mantendrá el orden durante las manifestaciones, demandando que éstas se desarrollen pacíficamente.
Y la Asociación Paraguaya de Fútbol resolvió suspender todos los partidos previstos para mañana y el fin de semana.