Condenan a funcionarios en caso de corrupción que destapó Nuria Piera

Los ex funcionarios condenados: fueron Marcos Lara condenado a cuatro años de prisión, Sauris Rodríguez, a tres y Juan Portalatín Castillo a dos años de prisión que deberán ser cumplidos en la cárcel de Najayo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a tres ex funcionarios del desaparecido Programa de Reducción de Apagones (PRA) por malversar alrededor de 52 millones de pesos.
Este caso fue descubierto gracias a un reportaje de investigación de la periodista Nuria Piera, en su programa Nuria-Investigación periodística.
Los ex funcionarios condenados fueron Marcos Lara, a cuatro años de prisión; Sauris Rodríguez, a tres, y Juan Portalatín Castillo, a dos años de prisión. Todos deberán cumplir sus penas en la cárcel de Najayo.
Además de la prisión, Lara y Rodríguez, deberán pagar una multa de un millón de pesos cada uno, y Castillo 500 mil pesos.
En el caso también fue sometido por la Dirección de Persecución a la Corrupción Administrativa (DPCA) Nicolás Concepción Núñez, quien fue declarado no culpable y absuelto de toda responsabilidad penal.
Los ex funcionarios del desaparecido PRA están acusados por la DPCA de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, pero finalmente fueron condenados por desfalco en perjuicio del Estado Dominicano.
La sentencia fue emitida por los jueces Alina Mora de Mármol, Natividad Ramona de los Santos y Rafael Pacheco del Tercer Tribunal Colegiado.
La acusación argumenta que los imputados incurrieron en desvío de fondos asignados a la institución para beneficios particulares y de allegados.
Asimismo, el uso de recursos del PRA en beneficio del titular de ese organismo, en la adquisición de materiales para remodelar un local de la organización política que encabeza, así como la compra y asignación de vehículos a sus allegados.
La información salió a la luz pública, luego que el programa de investigación Nuria revelara los nombramientos de familiares y allegados, desvíos de fondos para proyectos religiosos y políticos, asignación de vehículos y el desvío de materiales que debían ser utilizados en la entidad gubernamental que los acusados tenían en la desaparecida institución pública.



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