
El tribunal decidió a unanimidad que la petición es improcedente, mal fundada y carente de base legal.
Acogió el dictamen del procurador general adjunto Ramón Arístides Madera, quien considera que la solicitud se inscribe dentro de una estrategia incidentalista para entorpecer la administración de justicia.
El representante del Ministerio Público expuso que el expediente debe mantenerse en el Distrito Judicial de Santiago para conocer y decidir la audiencia preliminar que se le sigue al imputado, por ser la jurisdicción natural.